Un juez federal ha dictado prisión preventiva este jueves contra el exgobernador de Veracruz Javier Duarte en una nueva imputación por el presunto desvío de cinco millones de pesos, ha confirmado EL PAÍS a través del abogado del político priista, Pablo Campuzano. La decisión judicial aleja aún más la posibilidad de que el exfuncionario salga de prisión, cuando faltan dos meses para que termine de cumplir los nueve años de su primera condena por corrupción.
La salida del Reclusorio Norte de Duarte empezó a convertirse en un sueño distante a finales del año pasado, después de que su defensa intentara que le fuera concedido el beneficio de la libertad anticipada. La justicia federal le denegó la petición, argumentado que el exgobernador tenía pendiente un proceso por presuntamente obstruir una investigación por desaparición forzada. La Fiscalía General de la República (FGR) no solo combatió férreamente ante los tribunales la solicitud de preliberación de Duarte, sino que, además, presentó una serie de nuevas acusaciones contra él por corrupción.
En uno de los primeros movimientos de la fiscal general Ernestina Godoy, que reemplazó a Alejandro Gertz Manero, la FGR presentó el pasado 10 de diciembre una denuncia contra el priista por el desvío de 10 millones de pesos del erario veracruzano durante su mandato (2010-2016). Ya entonces, este periódico adelantó que se trataba de la primera de una andanada de nuevos frentes contra el exmandatario. La resolución del juez de este jueves confirma el cerco. La defensa de Duarte ha achacado estas nuevas acusaciones a una maniobra política como castigo por el intento del exgobernador de quedar libre de manera anticipada en noviembre del año pasado. El Gobierno federal ha negado que sea un movimiento para frustrar la excarcelación del exmandatario y se ha remitido al enorme desfalco que este causó a su Estado.
El Gobierno mexicano pidió autorización a Guatemala para poder acusar a Duarte de este desvío de cinco millones de pesos. Es el paso correspondiente, porque el país centroamericano extraditó a Duarte en 2017. Según la normativa de las extradiciones, un acusado solo puede ser juzgado por delitos expresamente indicados por el país requiriente. En el caso de Duarte, México lo acusó en su momento de blanqueo de capitales y asociación delictuosa, delitos por los que fue sentenciado a nueve años de prisión. Para poder juzgar a un extraditado por un delito distinto, se debe contar con la autorización del país que lo entregó.
La primera condena de Duarte concluye en abril de este año. Esa sentencia, que incluyó el pago de una multa de casi 59.000 pesos, además de la incautación de numerosas propiedades, no dimensionó, sin embargo, el tamaño real de los desvíos en Veracruz durante su gestión. Un reportaje de Animal Político y MCCI recogió el uso de una red de 400 empresas de papel para desviar 3.617 millones de pesos del erario estatal. Según Milenio, la Auditoría Superior de la Federación ha documentado que en el sexenio de Duarte se usaron de manera irregular más de 62.000 millones de pesos de fondos federalesdestinados a salud, educación, seguridad e infraestructura, uno de los mayores saqueos a nivel estatal del que se tenga registro, lo que convierte a Duarte en uno de los principales exponentes de la corrupción política del PRI.