
Teziutlán, Puebla.— El asesinato de Dariana “N”, una estudiante de secundaria de apenas 15 años, ha provocado indignación y consternación en Puebla, luego de que la Fiscalía General del Estado revelara nuevos detalles sobre el crimen y la presunta participación de un adolescente de 17 años.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Dariana desapareció la tarde del lunes 5 de octubre, después de salir de clases en la Escuela Secundaria Federal Antonio Audirac. Horas más tarde, durante la madrugada del 6 de octubre, su cuerpo fue localizado en un inmueble abandonado del barrio de Xoloco, en el municipio de Teziutlán.
Así habría ocurrido el crimen
Según la información presentada por las autoridades, el adolescente señalado como probable responsable habría citado a la joven y la habría llevado al inmueble abandonado, donde presuntamente la sometió y agredió físicamente.
La Fiscalía informó que la adolescente sufrió golpes y lesiones, además de morir por asfixia por estrangulamiento. Los estudios forenses también identificaron traumatismos en el rostro y el cráneo.
Las indagatorias apuntan a que el crimen habría sido cometido de manera deliberada; sin embargo, las circunstancias y el móvil deberán esclarecerse durante el proceso judicial.
Un menor detenido por el caso
El 7 de octubre, agentes de la Fiscalía cumplimentaron una orden de aprehensión contra el adolescente de 17 años por su probable participación en el delito de feminicidio. Posteriormente, un juez determinó imponerle la medida cautelar de internamiento preventivo.
La responsabilidad del joven aún deberá determinarse mediante el procedimiento correspondiente ante las autoridades especializadas en justicia para adolescentes.
Exigen justicia para Dariana
La muerte de la estudiante ha generado protestas y muestras de indignación entre familiares, amigos y habitantes de la región, quienes exigen que el caso no quede impune y que se esclarezcan todos los hechos.
El asesinato de Dariana vuelve a colocar en el centro de la atención la violencia contra las niñas y adolescentes en México, así como la exigencia de garantizar su seguridad y el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
La investigación continúa y las autoridades deberán determinar las responsabilidades conforme a derecho.