El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su batalla legal contra el derecho a la ciudadanía por nacimiento al llevar su propuesta directamente ante la Corte Suprema, en un caso que podría redefinir uno de los principios constitucionales más antiguos del país.
La disputa gira en torno a una orden ejecutiva firmada por Trump en enero de 2025, al inicio de su segundo mandato, con la que busca negar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal nacidos en territorio estadounidense.
Esta medida representa un desafío directo a la interpretación histórica de la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que desde 1868 garantiza la ciudadanía a prácticamente todas las personas nacidas en el país.
Un caso clave con impacto nacional
El caso ha llegado al máximo tribunal luego de que cortes federales bloquearan la implementación de la orden por considerarla inconstitucional. Ahora, los magistrados deberán determinar si el presidente tiene facultades para limitar este derecho mediante una acción ejecutiva.
La audiencia marca un hecho inusual, ya que el propio Trump ha manifestado su intención de acudir personalmente a los argumentos orales, lo que no tiene precedentes recientes para un presidente en funciones.
De avalarse la propuesta, se estima que cientos de miles de niños podrían verse afectados cada año, además de abrir la puerta a cambios profundos en la política migratoria estadounidense.
Posturas enfrentadas
El gobierno de Trump sostiene que la ciudadanía por nacimiento ha sido malinterpretada y que no debería aplicarse a hijos de personas sin residencia legal permanente, argumentando que no están plenamente “sujetos a la jurisdicción” del país.
En contraste, organizaciones civiles y expertos legales advierten que modificar este principio podría generar una población sin nacionalidad definida y vulnerar derechos fundamentales, además de romper con más de un siglo de precedentes jurídicos.
Decisión con implicaciones históricas
La Corte Suprema escuchará los argumentos en los próximos días, aunque el fallo final se espera antes del verano. La resolución podría no solo definir el futuro de la ciudadanía por nacimiento, sino también marcar un punto de inflexión en el alcance de los poderes presidenciales en materia migratoria.